El gasto en I+D en España creció un 49,7% entre 2018 y 2023, pasando de 14.944 a 22.379 millones de euros según el INE. Con ese volumen de inversión pública, colaborar con la administración en proyectos de innovación es una oportunidad real para muchas startups. El problema es que no todos los contratos son iguales, y firmar sin entender sus implicaciones jurídicas puede salir muy caro.
El error más frecuente no es técnico. Es legal. Y suele descubrirse tarde.
Por qué es un riesgo real
Cuando una startup firma un contrato de I+D con un organismo público, entran en juego variables que determinan algo crítico: quién será titular de la tecnología desarrollada y quién podrá explotarla comercialmente.
El tipo de contrato, el origen de la financiación, si el proyecto es subvencionado o adjudicado por concurso, la normativa aplicable y las condiciones de pago… todo influye. Ignorar estas variables puede suponer ceder, sin saberlo, el control sobre la propia tecnología.
Estos son los tres errores más comunes.
Error 1: no tener en cuenta el origen de la financiación
El tipo de financiación determina directamente la titularidad de los resultados. No es lo mismo una subvención que un contrato público.
En el caso de subvenciones para I+D reguladas por la Ley General de Subvenciones, el Real Decreto 424 y la Ley de Ciencia y Tecnología, si se subcontrata a un ente público o universidad, la startup suele tener más margen de negociación sobre los derechos de uso y la propiedad intelectual.
En cambio, si el proyecto se adjudica mediante la Ley de Contratos del Sector Público (art. 8 de la Ley 9/2017), y los beneficios se destinan exclusivamente a la administración y el proyecto se remunera íntegramente por el adjudicador, la titularidad y los derechos recaen en la administración.
Clave: identificar el tipo de financiación antes de firmar y negociar la titularidad desde el inicio, no después.
Error 2: no regular la propiedad intelectual del proyecto
Muchas startups no definen claramente en el contrato quién puede vender, licenciar o comercializar la tecnología desarrollada. El resultado puede ser que la administración acabe con derechos de uso ilimitados, o que pueda rescatar esos derechos si no hay explotación en un plazo determinado.
Lo que debe quedar regulado expresamente:
- Quién ostenta la titularidad de los resultados.
- Qué derechos de uso tiene la administración y en qué condiciones.
- Territorios, plazos y limitaciones de uso.
- Qué ocurre si la startup no explota comercialmente la tecnología en un tiempo razonable.
Sin esta regulación, el contrato puede estar legalmente correcto y ser comercialmente ruinoso.
Error 3: no planificar la explotación postcontrato
Finalizar el proyecto no es el final del proceso. Algunos contratos exigen el pago de un canon (royalty) por la explotación de los resultados. Fijar ese canon demasiado alto puede desalentar la adjudicación o interpretarse como poca intención de explotar la tecnología. Demasiado bajo puede limitar el retorno real.
Además, tanto la startup como la administración deben hacer seguimiento del uso y la explotación de los resultados. Sin una estrategia de comercialización o licencias planificada desde el inicio, la startup puede llegar al final del contrato sin saber qué hacer con lo que ha desarrollado.
La startup más valiosa no es solo la que mejor tecnología desarrolla
En la economía de la innovación pública, lo que diferencia a una startup que crece de una que se estanca no es únicamente la calidad técnica de su producto. Es su capacidad para proteger y gestionar sus derechos mientras aprovecha las oportunidades de financiación pública.
Desde Novis Lex Abogados revisamos y negociamos contratos de I+D con la administración para que tu startup no ceda más de lo que debe. Si estás ante un proceso de este tipo, consúltanos antes de firmar.
